Imagen de las jornadasMás de un centenar de personas ha asistido en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (Aspex) en Badajoz a las segundas jornadas sobre expolio arqueológico, agresiones, robo y exportación ilegal de patrimonio histórico, y en las que se han abordado cuestiones como las actuaciones de protección y contra el expolio de este tipo de patrimonio en la región.

El consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, y la consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, han inaugurado la segunda edición de estas jornadas que han reunido a cerca de 125 personas entre agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Local, agentes del Medio Natural del Gobierno de Extremadura, representantes del ámbito jurídico y especialistas en patrimonio histórico.

En su intervención en el acto inaugural, Trinidad Nogales ha agradecido a los agentes de seguridad la "implicación que demuestran en la lucha contra las agresiones al patrimonio" y les ha trasladado que en "muchos casos" son quienes dan "la voz de alarma cuando se produce uno de esos hechos indeseables".

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El proyecto de Ley de Patrimonio Cultural contempla multas de hasta un millón de euros por usar detectores de metales en bienes inscritos en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha o de hasta 150.000 euros por no comunicar un hallazgo casual de restos con valor histórico-cultural.

La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha ha calificado hoy este proyecto de ley, que incluye la realización del primer catálogo patrimonial de Castilla-La Mancha y refuerza la protección al establecer sanciones que pueden llegar hasta un millón de euros.

El texto recoge como sanciones muy graves, con multas de entre los 150.000 y el millón de euros, la utilización de detectores de metales en bienes inscritos en el Catálogo regional del Patrimonio Cultural, así como en los ámbitos de protección y prevención recogidos en los planeamientos generales, sin autorización, cuando se produzca remoción del terreno y un daño grave e irreparable.

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El Gobierno de Extremadura tramitó durante 2011 y 2012 un total de 53 expedientes sancionadores contra actuaciones relacionadas contra el patrimonio, área en el que se trabaja cada vez con más intensidad debido a su importancia.

Esta cifra, si se tiene en cuenta que durante los 3 años anteriores -de 2008 a 2010- se habían tramitado 41 expedientes, demuestra la "implicación" autonómica en la lucha contra el expolio, los robos o los daños en el patrimonio, según ha dicho hoy la consejera extremeña de Educación y Cultura, Trinidad y Nogales, que ha inaugurado en Badajoz las "II Jornadas Expolio arqueológico, Robo y Exportación ilegal de Patrimonio histórico".

Durante su intervención, ha abogado por el trabajo conjunto de la administración autonómica, los juristas y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para reducir el expolio arqueológico y los delitos contra el patrimonio.

"Se deben sumar esfuerzos entre todos contra las personas que quieren aprovecharse del patrimonio", ha dicho Nogales, quien ha recordado la "gran eficacia" en la lucha contra estos delitos cuando "se estrechan lazos" entre administraciones y agentes.

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Cartel de las jornadasEsta segunda edición de las jornadas de expolio arqueológico ha cubierto sus plazas "en un tiempo récord", ya que, apenas cuatro días después de abrirse el plazo de inscripción, ya se había establecido lista de espera para asistir, "a lo que se suma el hecho de que aún, a día de hoy, se estén recibiendo llamadas para conocer la existencia de plazas libres".

Más de un centenar de profesionales, entre agentes de Cuerpos de Seguridad, Medio Ambiente y Jurídicos de España y Portugal, participarán mañana viernes en una jornadas de formación destinadas a la protección del Patrimonio que se celebran en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura.   El objetivo de las segundas jornadas sobre expolio arqueológico, agresiones, robos y exportación ilegal del patrimonio histórico es "aumentar la eficacia" de las actuaciones, tanto preventivas como punitivas, que "redunden en una defensa más efectiva" del Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico de España y Portugal, contribuyendo a la "mejora en la lucha contra estos delitos" en la Comunidad Autónoma y la frontera con Portugal.

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