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Jesús García Calderón considera que la ley degrada muchos delitos como simples infracciones y aboga por modificar el Código Penal
El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha planteado una reforma legislativa para regular los daños sobre el patrimonio histórico, algo que considera una de las cuestiones pendientes de nuestro sistema de justicia penal. Según se refleja en la última memoria de la fiscalía, es preciso “un mayor compromiso institucional y una aportación ordenada y decidida del derecho penal que facilite el cumplimiento de la legalidad administrativa y se convierta en un elemento disuasorio”. A su juicio, “invertir en patrimonio no es derrochar; todo lo contrario, es la inversión más rentable que podemos hacer y la que mejor asegura nuestro futuro”. Y añade: “Muchas veces, sin ánimo de polemizar, se ha podido tener la sensación de que los bienes culturales molestaban al sistema de justicia penal en la creencia de que es el régimen sancionador administrativo el que debe en todo caso castigar esta clase de infracciones. La realidad social, sin embargo, se empecina en demostrar esta necesidad de acudir al recurso del ordenamiento penal para restaurar el orden jurídico quebrantado y asumir el clamor social que exige una defensa más eficaz de nuestro patrimonio”.
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Agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de la localidad castellonense de Vilafamés como supuesto autor de un delito sobre el patrimonio histórico, ya que contaba en su poder con más de mil piezas arqueológicas que había expoliado en yacimientos de la provincia.
Según han informado fuentes de la Guardia Civil en un comunicado, la actuación se inició cuando los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) tuvieron conocimiento de que el detenido podía estar coleccionando de manera ilegal piezas arqueológicas previamente expoliadas.
Arrancó entonces una investigación en la que se comprobó que el sospechoso poseía diversas piezas arqueológicas íberas, sin haber notificado a las autoridades su extracción de los yacimientos y careciendo de la documentación que acreditara su procedencia legal.
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El expolio en yacimientos arqueológicos crece con la crisis, alentado por el mercado negro y la práctica impunidad de los infractores
Le ocurrió no hace mucho a una patrulla de la Guardia Civil cuando detuvo a un vecino de Sevilla que fue sorprendido expoliando un yacimiento arqueológico de Ciudad Real: “No me denuncien, deténganme”, les dijo el infractor a los agentes. Por sorprendente que parezca, el expoliador sabía muy bien lo que decía. La impunidad penal con la que casi siempre se despachan los ataques al patrimonio histórico es uno de los factores que ha alentado el resurgir de grupos y bandas especializadas. Y Andalucía, con más de 3.000 yacimientos arqueológicos catalogados, es uno de los lugares favoritos para los cacos, a los que anima un mercado negro que mueve millones de euros.
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La UNESCO ha enviado una carta a la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) para mostrar su preocupación por la polémica generada por el anuncio de su sorteo de verano, que ha indignado a los arqueólgos españoles, y solicitar su eventual retirada a la entidad. Esta carta, a la que ha tenido acceso ABC, se suma a un rastro de polémica desde que los arqueólogos españoles mostraron su indignación por la emisión de un anuncio que, según opinan, incita al expolio, una actividad ilegal en España.
Eminentes arqueólogos españoles han mostrado su rechazo a la campaña porque hace apología de la caza de tesoros. En el spot se muestra como modelo de tesón y de éxito al buscador de tesoros (hipotético) que protagoniza el anuncio.
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