El tono con que ha sido recibida esta noticia, creo que merece ciertos comentarios. en primer lugar, Rafa, la justicia (casi) siempre suele ser justa, es decir, que las resoluciones de los órganos jurisdiccionales normalmente se ajustan a derecho, como ocurre en el caso que nos ocupa ahora.
Pero vayamos por partes:
según se desprende del texto noticioso, único documento que manejo al igual que vosotros, la juez no ha cuestionado el principio de tipicidad de la infracción, y eso hubiese sido lo grave. Es decir, no se ha cuestionado que el sujeto hallado, al parecer, fuera de un yacimiento usando un detector sin autorización preceptiva, esté cometiendo una infracción. el principio de tipicidad, unido al de legalidad, forma parte de la columna vertebral del ordenamiento punitivo del Estado, es decir, del derecho sancionador, en este caso administrativo. Bien, nada se dice de ello, ni la parte actora (es decir el recurrente, ni tampoco la magistrada), luego debemos reconocer -aunque os joda- que el principio de tipicidad se daba: esto es. el fulano estaba cometiendo una infracción...
¿Por qué entonces no se le sanciona, o mejor dicho se anula esa sanción? Bien, eso requiere seguir con la explicación.
Al sancionar por conductas fugaces cuya demostración no está suejta a pruebas directas, más allá de la testificación de un agente de autoridad que, en el ejercicio de sus funciones, denuncie a una persona por haber cometido esa infracción, este testimonio adquiere valor de prueba de cargo, es decir, resulta suficiente para la administración que un agente de autoridad (guardia civil, policia nacional, policía local, vigilante forestal, guarda o vigilante, etcétera) denuncia a una persona mediante un parte en el que describa los hechos e identifique al sujeto para que la administración los deba dar por buenos, desvirtuándose la presunción de inocencia que originariamente reviste a toda persona (eso no significa que ya no deba existir más actividad probatoria, sino que la carga de la prueba ya no recae sobre quien acusa, sino sobre el acusado, es decir será ese sujeto quien deba demostrar que lo acusado no es real..., pero esa es otra cuestión que tampoco se ha planteado en este caso). Sin embargo, habida cuenta del valor como prueba de cargo que se otorga a esa denuncia, es lógico que el ordenamiento pida un refuerzo sobre la veracidad de esa denuncia inicial, que es la ratificación. Es decir, a lo largo del procedimiento sancionador y antes de formular la pripuesta de resolución, la persona que instruye tal procedimiento debe dirigirse a quien/es ha/n formulado la denuncia y preguntarles si se ratifican sobre ella, o bien existen datos nuevos que maticen lo que incialmente denunciaron. Este paso es trascendental y existe bastante jurisprudencia sobre el valor de la ratificación en el derecho administrativo sancionador (en el derecho penal, es igualmente importante, pero se realiza de forma distinta). Y resulta que este paso se omitió por la administración extremeña en el caso que nos ocupa.....
Luego es más que razonable que la magistrada advierta la existencia de una eventual duda sobre la autoría de los hechos, quizás lo más normal es que preguntados los guardias civiles sobre si se ratificaban de los hechos denunciados, respondiesen que sí, pero y si hubiesen respondido que no... esa sobra de duda objetiva provoca con toda justicia que la magistrada haya aplicado el principio de ";in dubito pro reo";, es decir, en caso de duda debe beneficiarse a la persona denunciada... y por tanto estima su recurso. Pero no hay en esa sentencia ni el más mínimo asomo de cuestionamiento sobre la ilicitud y antijuridicidad de la práctica que vosotros llamáis entretenimiento y nosotros expolio, aunque sea de baja intensidad.
En conclusión, Rafa, aquí como en las decenas de sentencias que ratifican nuestras sanciones, también se ha aplicado el derecho con equidad y justicia. Pero no veas lo que no hay, por más que te gustase. O mejor, si prefieres engañarte, puedes hacerlo...
saludos
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