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En un rincón de un polígono industrial cerca de Utebo (Aragón), un hombre de 63 años limpia su coche con una botella de agua. Aparentemente tranquilo, Mariano Ostalé Martínez no ha querido modificar su vida. Sigue trabajando todos los días en su ebanistería. No se ha ido de vacaciones, cuenta. Pero al menos un día sí tuvo que desplazarse forzosamente: tal y como se ha dado a conocer, el pasado 4 de agosto la Guardia Civil se lo llevó detenido. Finalmente quedó en libertad con cargos, acusado de delitos contra el patrimonio histórico: los agentes intervinieron más de 2.000 piezas arqueológicas de gran valor histórico entre sus dos domicilios (Alagón y Zaragoza) y su establecimiento, además de documentación y mapas de yacimientos marcadas por X que consideran sospechosas.
“Soy una persona atípica, porque me dedico a estudiar por mi país. Toda mi vida ha consistido en analizar las ciudades celtibéricas: en los libros, no en el campo”, aclara Ostalé. Experto de esa cultura, convocado a simposios y autor de libros sobre el tema, el hombre añade que jamás participó en ninguna excavación arqueológica.
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Ronda denuncia la falta de vigilancia frente a los saqueos, la presencia de excrementos de animales e irregularidades en el horario de visitas
Ronda ya no sabe cómo pedir auxilio para frenar el abandono del yacimiento arqueológico de Acinipo, una joya histórica situada a alrededor de 20 kilómetros de la ciudad del Tajo que parece condenada a sufrir la dejadez de las administraciones. Así, la concejala de Turismo, la andalucista Isabel Barriga, exigió a la Junta de Andalucía, que es la encargada de la gestión del espacio, una solución para el mismo. «Creemos que es bastante importante que haya una intervención directa por parte de la consejería de Cultura en uno de los yacimientos mejor conservado de Andalucía. Nosotros no conseguimos de ninguna manera tener respuesta de la Junta sobre Acinipo. Se ha puesto la situación del yacimiento en conocimiento de la directora general de Cultura y del consejero y hasta ahora, como digo, no hemos obtenido respuesta», dijo.
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Jesús García Calderón considera que la ley degrada muchos delitos como simples infracciones y aboga por modificar el Código Penal
El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha planteado una reforma legislativa para regular los daños sobre el patrimonio histórico, algo que considera una de las cuestiones pendientes de nuestro sistema de justicia penal. Según se refleja en la última memoria de la fiscalía, es preciso “un mayor compromiso institucional y una aportación ordenada y decidida del derecho penal que facilite el cumplimiento de la legalidad administrativa y se convierta en un elemento disuasorio”. A su juicio, “invertir en patrimonio no es derrochar; todo lo contrario, es la inversión más rentable que podemos hacer y la que mejor asegura nuestro futuro”. Y añade: “Muchas veces, sin ánimo de polemizar, se ha podido tener la sensación de que los bienes culturales molestaban al sistema de justicia penal en la creencia de que es el régimen sancionador administrativo el que debe en todo caso castigar esta clase de infracciones. La realidad social, sin embargo, se empecina en demostrar esta necesidad de acudir al recurso del ordenamiento penal para restaurar el orden jurídico quebrantado y asumir el clamor social que exige una defensa más eficaz de nuestro patrimonio”.
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Agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de la localidad castellonense de Vilafamés como supuesto autor de un delito sobre el patrimonio histórico, ya que contaba en su poder con más de mil piezas arqueológicas que había expoliado en yacimientos de la provincia.
Según han informado fuentes de la Guardia Civil en un comunicado, la actuación se inició cuando los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) tuvieron conocimiento de que el detenido podía estar coleccionando de manera ilegal piezas arqueológicas previamente expoliadas.
Arrancó entonces una investigación en la que se comprobó que el sospechoso poseía diversas piezas arqueológicas íberas, sin haber notificado a las autoridades su extracción de los yacimientos y careciendo de la documentación que acreditara su procedencia legal.
